El fenómeno en auge de los pisos turísticos en la capital, se ha consolidado como `dueño y señor´ de los diversos distritos y barrios en los que, de forma desmedida, prolifera. A pesar de la expansión de este tipo de viviendas destinadas al ocio, paradójicamente, la Comunidad de Madrid designa cada vez menos inspectores para vigilarlos. El descontrol parece haberse adueñado del Ejecutivo local, administración competente en la materia, al constatar que, a día de hoy, son únicamente cinco las personas dedicadas a la inspección de viviendas turísticas.
El análisis de la evolución que este tipo de viviendas ha cosechado en la región es intachable. En 2014, la Comunidad de Madrid tenía constancia de las 259 viviendas registradas como de uso turístico y seis inspectores encargados de cubrir el territorio. Sin embargo, cuatro años más tarde, el número de pisos turísticos se ha multiplicado por 36, elevando la cifra de viviendas dadas de alta a 9.673 hasta agosto del año 2018. En contraposición, el Gobierno de Ángel Garrido ha reducido a cinco el número total de inspectores, decisión duramente cuestionada entre la oposición.
Las autoridades han prometido que en los presupuestos del 2019 se `duplicará´ el número de inspectores
Acción- reacción
En los últimos años, la Comunidad ha registrado 418 denuncias y ha ejecutado 297 inspecciones en 576 viviendas, las cuales han concluido en 42 sanciones – 33 de ellas aún pendientes de tramitación-. Si ese equipo de inspectores no ha crecido en este tiempo, se debe a cuestiones “presupuestarias”, reconocían desde la Consejería de Turismo a la SER. En esta línea, las autoridades han prometido que en los presupuestos de 2019 se procederá a “duplicar” el número de inspectores, mientras que Garrido concluía con que la normativa referida a estos pisos turísticos estará disponible “antes de final de año”.
Desavenencias
Los datos de la Comunidad de Madrid contrastan con los del Consistorio, que en menos de un año ha inspeccionado 910 viviendas turísticas, dentro de sus competencias de disciplina urbanística. Ahora Madrid sostiene que no se puede ejercer actividad económica sobre suelo residencial sin licencia y en virtud de la normativa de la capital, está ordenando el cierre de cientos de pisos.