REGIONAL | MOMENTOS DE REFLEXIÓN / El maná de Bruselas y las manos “inocentes”

Opinión de Gustavo Palomares

Gustavo Palomares

El maná de Europa

 

Los distintos fondos de reconstrucción puestos en marcha por la UE, el denominado en España como Fondo de Recuperación y Resiliencia, pensados para ayudar principalmente a los estados que han salido peor parados por la pandemia, están siendo muy discutidos por las formaciones conservadoras en Europa -los denominados estados frugales- y puesto en entredicho por el clan más populista y reaccionario en España, lo que dificulta su pleno aprovechamiento y sostenibilidad. Un esfuerzo económico y presupuestario similar al Plan Marshal que España nunca tuvo habría requerido un pacto de Estado con un consenso parlamentario amplio -objetivo que fue imposible- en donde se establecieran los mecanismos integrales de ejecución, control y evaluación para el conjunto del territorio.

 

Los criterios contemplados para la asignación de las ayudas son: la población, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la tasa de paro media de los últimos cinco años en comparación con el promedio de la UE. Así, de los 4.252 millones de euros ya preasignados, Andalucía, con 702 millones de euros, es la región que más dinero recibirá; Cataluña va a percibir 596 millones de euros; la Comunidad de Madrid, 461 millones de euros y la Comunidad Valenciana, 414 millones de euros.

 

En la parte central del ranking se encuentran Castilla y León, con 293 millones de euros; Galicia, con 249 millones; Canarias, con 243 millones; Castilla-La Mancha, con 206 millones de euros; País Vasco, con 194 millones; Murcia, con 185 millones; Asturias, con 152 millones; Aragón, con 138 millones; Baleares, con 133 millones; y Extremadura, con 101 millones. Al final se sitúan Cantabria, con 70 millones; Navarra, con 61 millones; La Rioja, con 31 millones de euros; Ceuta, con 13 millones; Melilla, con 10 millones. Si a los 18.793 millones de euros se añaden una dotación presupuestaria extraordinaria por parte del Gobierno nacional de 13.486 millones de euros en concepto de transferencias y cerca de 113.729 millones del sistema de financiación, los gobiernos autonómicos van a recibir una financiación récord de 146.008 millones de euros en 2021, tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado.

 

 

No se debe caer en el discurso triunfalista mayoritario en este momento que emplea calificativos como “histórico”, “fundacional” o incluso de “momento legendario”, teniendo en cuenta la falta de cohesión y coordinación entre los territorios demostrada a lo largo de esta pandemia, también la deriva política de enfrentamiento cainita multinivel, por no hablar de los niveles de desviación de medios y fines en los distintos poderes territoriales. Si somos conscientes de forma realista de estos imponderables, debemos reconocer de forma menos pletórica y exultante que nos encontramos ante un reto formidable

 

El principal obstáculo para conseguir una acción integral colectiva en la misma dirección estriba en que, para una parte de la opinión mediática, para la oposición y sus principales formaciones, la oportunidad histórica que supone la aplicación de los fondos europeos es directamente proporcional a las posibilidades reales de triunfo del actual gobierno y, por lo tanto, su mejor baza para una reedición electoral. En consecuencia, existe un “vale todo” para que estas ayudas sean moneda de cambio en el enfrentamiento político y para que encuentren todo tipo de dificultades. Ahora bien, una vez puesto el maná de los fondos en las “manos inocentes” de los gobiernos territoriales, los éxitos serán propios y nunca del gobierno central; lo que supone negar siempre la mayor: nuestra capacidad como pueblo para llegar a éxitos colectivos; más allá de algunos logros globales deportivos o culinarios.

 

La red de seguridad desplegada desde el primer momento, mediante una importante inyección de recursos públicos para sostener el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias, y con posterioridad los fondos europeos que pretenden imprimir ese gran salto tecnológico, digital y ecológico, sólo permitirán mitigar el impacto de la pandemia y sus efectos en el agravamiento de la desigualdad social y económica,  siempre y cuando exista una labor coordinada y rigurosa sin desviarse de los ejes contemplados para su aplicación e implementación. 

 

Este rigor político y presupuestario debe implicar a los distintos ejecutores: tanto al Estado central, como a las Comunidades Autónomas y a los poderes locales si, como fuera deseable, finalmente entran en el reparto. Señalo esto, teniendo en cuenta los riesgos que suponen las ambiciones frentistas, las demagogias identitarias y los intereses electoralistas de los gobiernos que rigen sobre ese 30,43% del total de la población española: la suma de la población que vive en Madrid y Cataluña. A tenor de los obstáculos e imponderables, va a ser bien complicado tener la altura de miras para desatender las tentaciones cortoplacistas.

 

Parece imprescindible que, por parte de la Comisión Europea y del gobierno español, exista un plan de ejecución pactado con las Comunidades Autónomas con partidas presupuestarias detalladas en sus respectivos presupuestos, junto con una convocatoria modelo abierta a los sectores públicos y privados planteada sobre proyectos reales presentados y aprobados previamente desde criterios estrictos, que eviten las desviaciones de partidas presupuestarias o interpretaciones muy abiertas en su factible aplicación. 

 

Todo ello, bajo la supervisión ex–ante y ex–post de la IGAE. No conviene olvidar que corresponde a esta Intervención General de la Administración del Estado realizar el control financiero de las subvenciones y demás ayudas públicas que hayan sido concedidas por el sector público estatal. Este control se ejerce respecto a los beneficiarios y las entidades colaboradoras e incluso, como resultado del control, puede proponer al órgano que concedió la subvención que exija el reintegro total o parcial de la ayudas o subvenciones, instruyendo el oportuno expediente sancionador.

 

La defensa a ultranza de las políticas de austeridad y de corte regresivo de los últimos años, como contrapartida a la caída del maná presupuestario de la UE, como sigue defendiendo la derecha europea y de forma vehemente los planteamientos ultra conservadores y reaccionarios en España, han logrado dos cosas: transmitir incertidumbre al sistema financiero, ralentizar el crecimiento económico, incrementar la desigualdad y la pobreza para, lo que es más grave, seguir poniendo en duda y en serio riesgo el Estado de bienestar y a nuestros sistemas de protección sanitaria; probablemente el mayor logro social en nuestro país y en nuestro continente en los últimos siglos.

 

 

 



Parece imprescindible que, por parte de la Comisión Europea y del gobierno español, exista un plan de ejecución pactado con las Comunidades Autónomas

 

Este rigor político y presupuestario debe implicar a los distintos ejecutores: tanto al Estado central, como a las Comunidades Autónomas y a los poderes locales si, como fuera deseable, finalmente entran en el reparto. Señalo esto, teniendo en cuenta los riesgos que suponen las ambiciones frentistas, las demagogias identitarias y los intereses electoralistas de los gobiernos que rigen sobre ese 30,43% del total de la población española: la suma de la población que vive en Madrid y Cataluña. A tenor de los obstáculos e imponderables, va a ser bien complicado tener la altura de miras para desatender las tentaciones cortoplacistas.

 

Parece imprescindible que, por parte de la Comisión Europea y del gobierno español, exista un plan de ejecución pactado con las Comunidades Autónomas con partidas presupuestarias detalladas en sus respectivos presupuestos, junto con una convocatoria modelo abierta a los sectores públicos y privados planteada sobre proyectos reales presentados y aprobados previamente desde criterios estrictos, que eviten las desviaciones de partidas presupuestarias o interpretaciones muy abiertas en su factible aplicación. 

 

Todo ello, bajo la supervisión ex–ante y ex–post de la IGAE. No conviene olvidar que corresponde a esta Intervención General de la Administración del Estado realizar el control financiero de las subvenciones y demás ayudas públicas que hayan sido concedidas por el sector público estatal. Este control se ejerce respecto a los beneficiarios y las entidades colaboradoras e incluso, como resultado del control, puede proponer al órgano que concedió la subvención que exija el reintegro total o parcial de la ayudas o subvenciones, instruyendo el oportuno expediente sancionador.

 

La defensa a ultranza de las políticas de austeridad y de corte regresivo de los últimos años, como contrapartida a la caída del maná presupuestario de la UE, como sigue defendiendo la derecha europea y de forma vehemente los planteamientos ultra conservadores y reaccionarios en España, han logrado dos cosas: transmitir incertidumbre al sistema financiero, ralentizar el crecimiento económico, incrementar la desigualdad y la pobreza para, lo que es más grave, seguir poniendo en duda y en serio riesgo el Estado de bienestar y a nuestros sistemas de protección sanitaria; probablemente el mayor logro social en nuestro país y en nuestro continente en los últimos siglos.

 

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