Además, argumentan que: “No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las, ya de por sí, escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años esquilmando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecutan las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros las permiten al mantener el entramado legal”. 

CAS ha subrayado que: “Hemos comprobado que ni la masacre de las residencias, ni los muertos producidos por la falta de respuesta del sistema a otras patologías, les importan. Ahora de nuevo es muy probable que los que estén en primera línea pueden verse de nuevo obligados, por falta de medios, a decidir a quién intentar salvar la vida y a quien no. Nos han llevado a la segunda ola, con premeditación, no es incapacidad”.

“Nos podemos indignar, pero no es suficiente. De nuevo habrá muertos que podrían haberse evitado, centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pobreza, dolor… sobre todo repartido entre los de siempre, la clase trabajadora. Y el sistema sanitario saldrá más desmantelado, con pavorosas listas de espera, y los seguros privados frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos”, exponen.

Por último, han indicado que: “Este es un problema nuestro, si lo dejamos en las manos de quienes nos han traído a esta situación, nos arrepentiremos. Ahora más que nunca, es una necesidad salir a la calle para expulsar a los ladrones y defender el sistema público de salud”.