Hola vecinos.
En recientes plenos, desde ULEG se preguntó por los motivos de los retrasos a la hora de contestar a los recursos de reposición planteados por decenas de vecinos de Leganés ante la negativa del ayuntamiento a anular las liquidaciones del IBI de 2020 que incorporaron una subida de aproximadamente el 12% que fue declarada ilegal por la Justicia por sentencia firme a raíz del proceso iniciado por un ciudadano de la localidad.
La explicación del área fue la típica respuesta estereotipada que aludía a la carga de trabajo y al orden de entrada de los recursos. Algo llamativo que curiosamente coincide con el pleito pendiente de resolver en el Tribunal Supremo que afectaría a todos aquellos municipios regidos por el Título X de la Ley de Bases de Régimen Local que no han cumplido con su obligación de poner en marcha, en detrimento de las garantías y derechos del contribuyente, una Oficina Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas, según nomenclatura elegida por este ayuntamiento en su Reglamento Orgánico.
Estas demoras en la contestación y en los trámites se extienden también sospechosamente al recurso presentado por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, también orientado a reclamar la ilegal subida del IBI de 2021 y sus efectos para todos los contribuyentes. Medida que hemos defendido y asesorado desde ULEG a centenares de leganenses, ayudándoles a reclamar.
Hemos interpelado al alcalde para que aclare los planes del gobierno local para cumplir con la obligación legal de poner en marcha la Oficina Municipal de Reclamaciones Administrativas.
Por ello, desde el partido vecinal independiente Unión por Leganés, como principal partido de la Oposición en la ciudad, hemos interpelado al alcalde de Leganés o concejal competente para que aclare y detalle pormenorizadamente los planes del gobierno local para cumplir con la obligación legal de poner en marcha la Oficina Municipal de Reclamaciones Administrativas y su vinculación a los retrasos en las contestaciones a los recursos presentados por vecinos y la Federación Local de Asociaciones por la ilegalidad de la subida del IBI 2020 sentenciada por la Justicia.
Hay que tener en cuenta que es un agravio comparativo injustificado que miles de vecinos sean olvidados, marginados y ninguneados mientras a un vecino que se encuentra en exacta posición se le ha anulado por la Justicia esa subida del IBI ilegal que perpetró el PSOE, que incluso, al contrario de lo que afirmaba el alcalde (otra mentira más en su largo arsenal e historial de trolas) ese vecino no ha tenido que pagar ni un céntimo por el IBI de ese año. Sí, han leído bien, no ha pagado el IBI de 2020 excluyendo la subida, no ha pagado nada. Y mucha relación en este silencio y en estas oscuras maniobras obstruccionistas y dilatorias del gobierno de Santiago Llorente creemos que se deben a otro de sus enésimos incumplimientos de la legalidad. En este caso, el incumplimiento de que en Leganés haya un tribunal económico administrativo que dé la garantía al vecino de que las reclamaciones sobre los tributos no las conteste el propio alcalde o la concejala de Hacienda, sino un órgano profesionalizado dotado con una mínima independencia y rodeado de unas atribuciones específicas no vinculadas al gobierno de turno. Lo que no pasa en nuestra ciudad.