El Gobierno de España anunció, el martes 5 de octubre, un acuerdo para poner en marcha la primera Ley Estatal de Vivienda. Esta ley incluirá la regulación de los precios de alquiler en zonas que se consideren tensionada, la imposición de un recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías y aumento del parque público de vivienda. Además, los y las jóvenes recibirán un bono de 250 euros mensuales para facilitar que puedan independizarse.
Tras este anuncio la respuesta del alcalde, a la sazón portavoz del Partido Popular, de Madrid no se hizo esperar. No tiene ninguna intención de cumplir la Ley. No va a hacer absolutamente nada. Aunque con ello perjudique a las familias que no puedan permitirse una vivienda digna. Porque para el PP es mucho más importante proteger a los que más tienen. En este caso, a los arrendatarios que tengan más de 10 viviendas.
Vista la respuesta del señor Almeida no podemos dejar de preguntarnos qué sucederá en Pozuelo. ¿A quién apoyará la Señora Quislant? ¿Se posicionará del lado de la ciudadanía que necesita, urgentemente, políticas de vivienda? O, ¿apoyará a los que más tiene como acostumbra a hacer con políticas como la bajada lineal del IBI que sólo beneficia a un puñado de rentas muy altas? Pozuelo necesita que sea responsable y se comprometa con el derecho constitucional a una vivienda digna.
¿A quién apoyará la Señora Quislant?
Según datos del Ministerio de Fomento, Pozuelo es, después de la ciudad de Madrid, la ciudad de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con los alquileres más altos. La falta de políticas de vivienda en Pozuelo, viene provocando que jóvenes, vecinos y vecinas de baja renta se vean expulsados de su municipio. Esta situación no ha hecho sino agravarse debido a la crisis motivada por la Covid-19 que ha empeorado la situación económica de muchas familias.
En este contexto, en abril logramos la aprobación de una propuesta para construir 25 viviendas de protección pública para jóvenes y familias, con rentas inferiores a 43.500€ y alquileres que no podrán superar 1/3 de los ingresos familiares. Parecía que el Partido Popular de Pozuelo había cambiado su política de vivienda y por fin se daba cuenta de que, en nuestro municipio, pese a ser el más rico de España, no todo el mundo es millonario y muchas personas necesitan políticas sociales para poder desarrollar su proyecto de vida. Sin embargo, desde entonces no han hecho absolutamente nada. Parece que no tienen prisa.
Los socialistas de Pozuelo lo tenemos muy claro. El Ayuntamiento tiene que ponerse a trabajar para que las viviendas prometidas sean una realidad lo antes posible. Y, la señora Quislant y el Partido Popular tienen que dejar de lado las pretensiones electoralistas del señor Casado, y pensar en el bien de los y las vecinas de Pozuelo. Priorizar a las familias que necesitan se garantice el derecho constitucional de la vivienda, sobre los intereses de promotoras y especuladores inmobiliarios. Si no lo hace, si como el acalde de Madrid se declara en rebeldía, nos tendrá siempre en frente.