La investigación se inició en 2018 por las sospechas hacia una entidad bancaria por una posible infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Cientos de clientes realizaban ingresos en efectivo de fondos de origen desconocido, para acto seguido, transferir los mismos principalmente a China, todo ello por un importe superior a los 2000 millones de euros.

A través de estos clientes se ha podido localizar a diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí, que recibían asesoramiento fiscal siempre de la misma persona. La organización criminal ha transferido al extranjero, a través de estas cantidades ingresadas en efectivo previamente, más de 105 millones de euros.

Todo esto lo lograban gracias a la creación de empresas vinculadas al sector textil que no tenían actividad comercial pero presentaban declaraciones fraudulentas sobre sus supuestas facturaciones. Los responsables de dichas sociedades eran los que ingresaban las cantidades en efectivo que venían en realidad de las recaudaciones de la organización ilegal.