El superávit de los ayuntamientos ha traído cola desde los últimos años. La ‘Ley Montoro’ impedía a los consistorios locales gastar lo ahorrado, lo que provocó que muchos de ellos se vieran con grandes sumas de dinero que no podían utilizar para el desarrollo de proyectos en sus propias ciudades.
Sin embargo, ese dinero sí ha sido útil para el Gobierno Central, quien, después de analizar la situación económica del país tras la crisis sanitaria que ha paralizado el país, ha decidido recaudar el superávit de cada ayuntamiento y utilizarlo para la reestructuración del país. Una medida que ha tomado con el consentimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, evidentemente, ha levantado ampollas entre los Gobiernos locales.
Rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno que vulnera la autonomía financiera de las entidades locales
Un ejemplo es el de Pozuelo de Alarcón. El Partido Popular, con la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, a la cabeza, ha puesto el grito en el cielo: “rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno que vulnera la autonomía financiera de las entidades locales”. Un mensaje que ha lanzado la primera edil tras anunciar que se adhiere al pacto de los alcaldes de grandes ciudades contra la “incautación” del superávit presupuestario.
Pérez Quislant es una de las firmantes de un comunicado conjunto en el que aparecen alcaldes de distintos signos políticos y en el que se reivindica el papel fundamental que han desempeñado todos los ayuntamientos en la gestión de la pandemia y de sus consecuencias económicas.
Por ello, piden al Gobierno Central y a la FEMP una “rectificación de forma inmediata” del acuerdo, así como el inicio de nuevas negociaciones que posibiliten el establecimiento de unos criterios de reparto de los fondos fundamentados en la “igualdad y en la solidaridad”, en la línea de lo realizado con las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno.