Uno de los principales objetivos de cualquier gobernante serio y responsable es cuidar del bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Esto va unido a poner las herramientas necesarias para que las personas que velan por estos propósitos, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gocen de las mejores condiciones laborales y el acceso a todos los recursos posibles para el desempeño de su trabajo.

En Pinto, el gobierno local de Partido Socialista, Unidas Pinto y Podemos y de forma esencial su Alcalde, Juan Diego Ortiz, parece haber iniciado una lucha sin sentido contra los trabajadores municipales adscritos a los servicios de seguridad y emergencia municipales –Policía y PIMER-Protección Civil-. A éstos últimos el Alcalde los calificó de “monstruo” en un Pleno y se ha retrasado cualquier tipo de inversión en el servicio. Solo la presión de la oposición ha permitido que en las últimas fechas se hayan aprobado algún gasto que servirá para paliar las enormes carencias que tiene PIMER, si bien en modo alguno puede hablarse de mejora real de las condiciones de trabajo de sus trabajadores y voluntarios.

También la Policía Local está sufriendo el nulo interés del Gobierno municipal para apostar, decididamente, por la mejora de la seguridad en nuestras calles. Recientemente, hemos conocido que el número de delitos en Pinto ha aumentado un 10,5% respecto al año pasado. Sin embargo, y lejos de proponer soluciones, el Alcalde de Pinto mantiene un pulso con los agentes municipales. El motivo es evidente: no quiere escuchar sus lógicas y necesarias demandas.

Demandas como la ampliación de la plantilla –Pinto cuenta con cada vez menos agentes y tiene un 30% de plazas de policía vacantes-, la reducción de la brecha salarial respecto a los municipios de nuestro entorno, las quejas por el desmantelamiento de la unidad SAMUME, el hecho de que en Pinto no se haya tramitado ni una sola multa durante varios años –dejando el saco roto el trabajo de los agentes-, existe falta de material para o el existente se encuentra en mal estado u obsoleto, vestuario anticuado, los vehículos policiales han llegado a circular con deficiencias o incluso sin pasar las preceptivas inspecciones técnicas, no hay una correcta climatización en sus instalaciones, se obliga a los agentes a recoger animales abandonados para llevarlos a unas dependencias que no se encuentran habilitadas para ello. Nadie, ni siquiera un gobierno y un Alcalde incapaces de aportar soluciones puede negar que estas reclamaciones son lógicas y servirían para dar un salto cualitativo en los índices de seguridad en nuestras calles.

Tristemente, tras el Pleno Extraordinario convocado  a instancia del Partido Popular para estudiar soluciones, volvió a constatarse la lamentable realidad de Pinto: su gobierno dedica más tiempo a buscar excusas y culpables que a trabajar por y para los pinteños. Incluso, en una actitud más propia de una dictadura que de un gobernante democrático, Juan Diego Ortiz llegó a decir que los sindicatos y los miembros de la Policía Local que habían tenido contacto con nuestro partido para trasladar al Pleno sus exigencias se habían “vendido al diablo”.