OPINION | MOMENTOS DE REFLEXIÓN / Los servicios públicos no son un capricho

Opinión de Roberto Tornamira

Los servicios públicos no son un capricho

Opinión de Roberto Tornamira

Cuando más falta hacía la Sanidad, como servicio público, más se la ha deteriorado por la vía de la externalización de servicios y la reducción del peso presupuestario de este pilar fundamental del Estado de Bienestar.

 

Un triste ejemplo de ello es que al 73% de los 11.400 muertos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se les negó el derecho de ser trasladados a centros hospitalarios. La gestión privada no tenía medicalizada las residencias ni se coordinó con la red pública. Es la prueba más cruel de la ineficacia de la política de externalización del servicio público de Dependencia. Permítanme aquí una digresión: «Es llamativo que un gobierno autonómico apoyado por los partidos contrarios a la Ley de regulación de la Eutanasia la haya “aplicado de hecho” y sin contar con el paciente».

 

La externalización de servicios esenciales, como la vacunación, el rastreo de contagios, etc., ha sido una constante a lo largo de la pandemia. No podremos olvidar en mucho tiempo la respuesta a la cuestión de la comida para los niños y niñas pertenecientes a las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción, a quienes, mientras se cerraban los comedores de colegios e institutos, se les ponía en manos de Telepizza y Rodilla. Con una mano nos enseñan una extraña versión de la libertad, y con la otra nos la recortan.

 

El déficit de inversión en Sanidad es anterior a la pandemia. Según datos de Eurostat, al cierre de 2019, España estaba un punto por debajo de la mayoría de los 27 países de la UE en inversión en sanidad. Si la comparación es interna, Madrid es la comunidad autónoma que menor importe per cápita dedicó en 2020 a Sanidad: 1.209 € por habitante, frente a los 1.817 de Euskadi, los 1.788 de Asturias o los 1.763 de Navarra.

 

Si nos fijamos en el gasto educativo ocurre lo mismo: en 2019, España ocupó el puesto 22º de los 27 países de la UE, con un 4% de inversión del PIB, frente al 4,7% de la media de la UE, lejos de Suecia, Dinamarca, Bélgica o Estonia, todos ellos por encima del 6%. Si la comparación es por comunidades autónomas, Madrid vuelve a figurar como la más cicatera. En 2020 dedicó 728 € per cápita, frente a los 1.348 del Euskadi, los 1.156 de Navarra o los 1.035 de Extremadura.

 

Afirmo que los servicios públicos no son un capricho. De ellos depende la salud, incluso la vida, como estamos viendo en esta pandemia que aún no ha terminado. De ellos depende el futuro de un país. El pasado día 15 de junio la OCDE emitió el informe «Skills Outlook 2021: learning for life», según el cual nuestro país es el que mayor tasa tiene de estudiantes que no estudian más allá de la ESO, un 17% frente al 10% de la media europea, un dato que debiera sonrojar a todas las instituciones del Estado.

 



Medir la libertad

La cantidad y calidad de los servicios públicos da la medida de la protección de sus ciudadanos. Los datos de la patronal de las aseguradoras, UNESPA, en 2018, nos dicen que el 78,03% de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no tiene seguro de sanidad privada (en Madrid esta cifra alcanza casi el 79%). Los servicios públicos son una necesidad para la inmensa mayoría de la ciudadanía. La reducción presupuestaria, la privatización y la externalización están reduciendo la cantidad y la calidad de los mismos. La libertad se debiera medir en estos índices y no en terrazas de bar o en si se puede no llevar la mascarilla (no demos confundir medidas de prevención contra el virus con derechos).

 

La libertad se debe medir con el derecho a recibir una atención sanitaria de calidad, algo que en Madrid está retrocediendo a un ritmo vertiginoso. Malo sería que la población asumiese que, tras la pandemia, la cita médica en la atención primaria continúe siendo telefónica con una espera media de dos semanas hasta que el médico de familia nos llama para saber qué ocurre. Igual de malo que si, por no hacer el esfuerzo de inversión necesario, renunciamos a la reducción de las ratios de alumnos por aula que se han aplicado durante la pandemia. Evidentemente, esto no es una responsabilidad de los usuarios de la sanidad ni de los alumnos y sus padres y madres, es una responsabilidad que deben asumir los partidos políticos que cada cuatro años piden el voto a la ciudadanía.

 

La Sanidad, la Educación pública, la Dependencia, las Pensiones, son los pilares básicos del Estado de Bienestar, pero no son los únicos. El transporte público es fundamental en las grandes ciudades, la inversión en buenas redes de metro y autobús son una forma de invertir en reducción del tráfico rodado; una buena medida en favor del combate del cambio climático. También hay otros servicios que la mayoría social necesita y que se les está negando en la práctica, entre otras cosas porque a los gobiernos anteriores se les fue la mano en la privatización, como son la banca y la energía. Pero eso lo dejo para otro artículo.

 

 

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