Sin pelos en la lengua. Así se ha mostrado la socialista Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, a la hora de valorar la sentencia emitida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación al tren Móstoles-Navalcarnero. En ella, OHL, la empresa adjudicataria de las famosas obras, queda exenta de pagar la indemnización de 356 millones que le reclamaba la administración autonómica por la paralización de los trabajos que se le adjudicaron hace ya nueve años, en el 2010, con el objetivo de unir, mediante la (fallida) ampliación de la línea C-5, ambos municipios.
Posse tiene claro quiénes son ‘los culpables’ que han provocado esta decisión, y no ha tenido reparo en hacer público su desacuerdo, no a través del PSOE, sino a través de un comunicado de prensa institucional emitido por el propio Ayuntamiento de Móstoles. “La mala gestión en la Comunidad de Madrid”, en manos del Partido Popular, es, bajo el juicio de la primer edil, la razón por la que el Tribunal ha desestimado el pago de la indemnización. “El PP en la Comunidad hace tan mal las cosas, esperando demasiado tiempo para resolver el contrato, que finalmente la empresa privada no tiene que indemnizar a los ciudadanos por no cumplir el pliego”, asegura.
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles: "esta es la política del PP; privatizan un servicio, si hay ganancias, gana la empresa y, si no da beneficios, pierden los ciudadanos"
Cataloga la situación de “dantesca”, y critica la privatización de servicios que, según la regidora mostoleña, lleva a cabo el PP de forma sistemática. “Esta es la política del PP; privatizan un servicio, si hay ganancias, gana la empresa y, si no da beneficios, pierden los ciudadanos”. Declaraciones en las que duramente manifestaba que “se gasta el dinero de todos y aquí no pasa nada”, criticando la resolución de la demanda.
Antecedentes
El TSJM dio la razón al Ayuntamiento de Móstoles, el pasado 2016, al eximirle de abonar los 50 millones de euros que reclamaba OHL en concepto de “perjuicio” por haberse iniciado unos trabajos que no llegaron a finalizarse. El Tribunal desestimó la petición de la concesionaria, al considerar “impensable” que el Ayuntamiento de Móstoles se viese obligado a aportar “la nada considerable cantidad de 50 millones de euros a fondo perdido sin contraprestación alguna por parte del concesionario”.
Ahora, sin embargo, la ‘benevolencia’ del TSJM en cuanto a las reclamaciones de ambas partes juega en contra de Móstoles y de la Comunidad de Madrid, que se quedan sin la millonaria indemnización y, casi definitivamente, sin tren.