La plantilla de la Administración de Justicia de Móstoles denuncia estar viviendo "una situación dramática" con la actual crisis sanitaria por coronavirus en España. Según afirman en un escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Consejería de Justicia, esta plantilla estaría sufriendo una merma considerable de miembros debido al número de contagios detectados, de los que culpan a los principales dirigentes del país por no proveerles de la suficiente protección.
Una situación, indican en la misma carta, que les llevaría a cerrar sus puertas por falta de personal". Las cuatro sedes judiciales del municipio (el Juzgado de Guardia, Violencia de Género, Instancias y Penales; el Registro Civil; el Juzgado de Familia 8; y los Juzgados de lo Social) denuncia, al unísono, que “se están produciendo una serie disfunciones y diversas incidencias en este partido derivadas la mayoría de ellas de instrucciones contradictorias o que no están claras sobre el personal funcionario que ha de acudir presencialmente a la sede a atender servicios esenciales”.
La plantilla solicita a la Comunidad de Madrid que decrete su disminución de servicios por las graves circunstancias
En el escrito, piden test para los trabajadores, y hacen constar que no se han repartido mascarillas a los funcionarios en las sedes más afectadas, como puede ser la del juzgado de Guardia. El mismo escrito avisa de que “se están diagnosticando casos de contagio por coronavirus con positivo confirmado” y se dan también casos de aislamiento por cuarentena.
Ante tal situación, piden "que se efectúen los oportunos test a los que trabajan en dichos Juzgados, a fin de detectar si hay casos positivos, y descartar los negativos, que podrían seguir presentado los servicios”. A juicio de los Letrados esto permitiría “poder centralizar con los casos negativos la prestación de los servicios esenciales en uno o dos juzgados“. La carta emitida se zanja con la petición a la Comunidad de Madrid de que decrete la disminución de la plantilla funcionarial de servicios mínimos acordada el 14 de marzo por las “graves circunstancias” y que se cierren algunas sedes.