Este proyecto, de marcado carácter social, pretendía resolver el problema de primera vivienda a 61 familias que deciden su promoció mediante el modelo cooperativo como medio para conseguir el mayor ahorro posible. Cualquier desviación en tiempos, cualquier retraso, y cualquier cambio, se traduce de inmediato en un encarecimiento, derivado en parte por los costes financieros que se producen, y la inseguridad que aparece en relación a la subida de los tipos de interés hipotecarios.

 

 

Sin embargo, esto no es todo, los hechos se enredan al conocer que, según relatan desde la cooperativa, les obligaban a pagar el propio impuesto por adelantado para comenzar con los trámites, algo totalmente inconcebible. Todo esto ha provocado una demora en el procedimiento que podría dejar a más de 60 familias sin vivienda por los retrasos que está provocando la administración dirigida por la socialista Noelia Posse. Por ello, la Cooperativa ha decidido emprender su camino hasta los juzgados interponiendo una querella no solo contra la alcaldesa, sino que también contra el gerente de Urbanismo, Jesús Espelosín, responsables del Servicio de Licencias y del Área de Urbanismo.