Nuevo revés para el Ayuntamiento de Móstoles, pues el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ha llamado a declarar el próximo día 15 de julio al tesorero actual y el exconcejal de Hacienda de Noelia Posse, por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Francisco Javier Torner, tesorero, y Aitor Perniles, exconcejal de Hacienda, están siendo investigados tras una querella admitida a trámite interpuesta por Gabriel Ortega Sanz y Susana García, ambos concejales del Ayuntamiento por el partido de Ganar Móstoles, que acusa al gobierno de Noelia Posse de haber perdonado casi dos millones y medio de impuestos a la empresa mercantil ITV Móstoles, en concepto de canon que debería haber pagado al consistorio después de conseguir una adjudicatura en 2011.
Según la querella presentada, la Junta Municipal habría aprobado fraudulentamente "una quita de la deuda de 615.000 euros", así como "el fraccionamiento, a nada menos que 30 años, y sin ningún tipo de intereses ni garantía", del resto de la deuda que todavía debía al Ayuntamiento. Además, también se le había reducido "el canon de 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000 euros]".
El funcionario que denunció las irregularidades fue cesado en mayo
Los dos concejales de Ganar Móstoles, también acusan al gobierno municipal de haber hecho caso omiso de los informes del interventor del Ayuntamiento que se oponía de forma rotunda a la rebaja de los impuestos, y que ante el hartazgo llegó a remitir un informe al Tribunal de Cuentas en el que avisaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de la naturaleza administrativa como contable e incluso penal".
Tanto molestó al gobierno de Noelia Posse esta denuncia que acabó cesándolo el pasado 5 de mayo, en un movimiento que la oposición consideraba como una "purga política por haber denunciado la corrupción". A pesar de ser un cargo de confianza, el Ministerio de Hacienda, órgano que controla esta posición en los ayuntamiento, declaró que "no quedaban acreditadas las circunstancias de pérdida de confianza exigidas".