La Fiscalía de Área de Móstoles ha abierto diligencias -tras presentar la denuncia oportuna en el Juzgado Decano de Navalcarnero- contra la concejal de Hacienda del consistorio moralejeño, María Ángeles Fernández, como resultado de un posible delito de prevaricación.
Tras la denuncia interpuesta por el portavoz de la formación popular, Óscar Alcañiz, la Fiscalía ha visto indicios de delito por una presunta "dejación de funciones ante el área que compete a la concejala desempeñar y tras hacer caso omiso de los escritos del secretario del ayuntamiento", quien habría reclamado el cobro de 8.000 euros a favor del consistorio por el kiosko de prensa ubicado en la calle Valdemoro, propiedad de Eufemia Zarza, madre de la actual alcaldesa, Valle Luna.
En este contexto, Alcañiz avanzaba que "presentan una denuncia después haber estado advirtiendo de la irregularidad por parte de la responsable de Hacienda en los diferentes plenos durante la legislatura"; sin embargo, incidía, "finalmente tuvo que ser la Fiscalía la que actuó ante la dejación de funciones por parte de María Ángeles Fernández".
La Fiscalía ha visto indicios de delito por una presunta dejación de funciones ante el área que compete a la concejala desempeñar y tras hacer caso omiso de los escritos del secretario
Derecho a cobro
El kiosko de la discordia, pese a cesar su actividad, sigue ocupando un espacio en la vía pública; motivo por el cual, a priori, se le exige el monto citado. "El kiosko, pese a no prestar servicio, sigue ocupando la vía pública; no obstante, el ayuntamiento no cobra la tasa oportuna, contradiciendo el informe del secretario del ayuntamiento", apostillaba. Precisamente en ese informe, defiende Alcañiz, se recoge el aval de su denuncia: "con el otorgamiento de la concesión por utilización privatia del dominio público se produce el hecho imponible que da lugar al cobro de la tasa; si se ha mantenido el hecho imponible, la ocupación de la porción de dominio público, se mantendría la obligación de pagar el canon".
Según apuntan fuentes del PP, "el cobro no se ha podido llevar a cabo debido a la negativa de la concejal María Ángeles Fernández a firmar el decreto para cobrar el impuesto, un documento que sí recoge la firma del secretario municipal". Asimismo, subrayaban que, en la actualidad, "los decretos están expedientados por la falta de la firma de la denunciada, puesto que sin ello no puede llevarse a cabo el cobro".
Desavenencias
La guerra abierta entre PP y PSOE parece estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia. El PP ha asegurado "tener sospechas de que no ha puesto al cobro los decretos referidos al kiosko de la calle Valdemoro y al de la plaza de la Constitución para esconder un interés personal o de amistad hacia la alcaldesa". Ante el panorama descrito por el portavoz de la formación, aseguraba que "no podemos permitir que se dejen de cobrar este tipo de cantidades como fruto de un favor al perdonar la deuda existente, constituyendo esta dejación de funciones en un delito contra la administración pública de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal".
Ante la información vertida, Soyde. se ha puesto en contacto con la parte afectada. La edil de Hacienda, María Ángeles Fernández, aseguraba no tener constancia de ninguna denuncia contra su persona, puesto que “la Fiscalía no me ha solicitado información alguna; ni a mí, ni al ayuntamiento”. En este contexto, explicaba que “al conocer que la actividad del kiosko había cesado desde hacía más de doce años, y que durante ese período jamás se había girado ninguna liquidación tributaria, solicité información sobre el contrato de uso y el expediente a la Tesorería Municipal”. Continuaba su alegato aseverando que “desde ese departamento confirman que el expediente se ha extraviado y se desconoce por qué no se emitieron los recibos de años anteriores”.
“Esta concejal nunca ha realizado actuaciones en contra de los intereses municipales y la actuación siempre ha sido la misma: conforme a la legalidad”, rezaba la nota de prensa enviada desde el consistorio. Proseguían defendiendo que “ningún informe emitido por el secretario reclama el cobro de las liquidaciones; es más, el informe emitido afirma que no se dispone de datos necesarios para elaborar un juicio de valor sólido”. Según las citadas fuentes, “esto no es lo que interesa al Partido Popular que ha retorcido la realidad de unos hechos para trasladarlos convertidos en delito a tan solo unas pocas semanas del inicio de la campaña electoral”. Concluían sentenciando que “su oscura y verdadera intención es por todos conocida”. Ahora bien, ¿qué resultará de la iniciada investigación?