Los Socialistas hemos presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en relación a la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el término municipal de Majadahonda” que supone un importe de 14.784.000 euros. La justicia ha admitido a trámite el recurso y solicitado al Ayuntamiento toda la documentación al que hace referencia.

Hemos denunciado las fórmulas que se aplican para ponderar la oferta económica y la valoración que se hace de las mejoras ofertadas minoran considerablemente el valor de los apartados objetivos y, consecuentemente, aumenta la influencia de las valoraciones técnicas subjetivas. Estas fórmulas están siendo habituales en los últimos años en todos los pliegos de contratación importantes del Ayuntamiento.

Los Socialistas hemos denunciado en reiteradas ocasiones esta situación en la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento y ahora lo hacemos ante los tribunales para garantizar que la contratación en el Ayuntamiento de Majadahonda se base en criterios objetivos y en un modelo que garantice la transparencia, igualdad y libre competencia de todas las ofertas que se presenten a las diferentes convocatorias públicas.

A nuestro juicio, la fórmula empleada para valorar las ofertas económicas en la contratación de Majadahonda, vulnera frontalmente lo dispuesto en el artículo 145.5 de la Ley de Contratación del Sector Público en lo que se refiere a la proporcionalidad y garantizar la competencia efectiva de todas las ofertas pudiendo afectar a los intereses económicos municipales.

En los pliegos recurridos consideramos de todo punto injustificado, desproporcionado y restrictivo de la competencia, el coeficiente multiplicador por 0,5 que incluye la fórmula de baremación de la oferta económica y que reduce su valor a la mitad. Se da la circunstancia de que el peso de esta oferta económica, que ya de por sí tiene una importancia reducida, del 37% del total, se reduce a la mitad quedando la propuesta absolutamente desequilibrada. 

Consideramos también que el problema aumenta cuando se incluyen unas posibles mejoras con un límite económico muy bajo, que razonablemente todos los licitadores ofertarán, y que por tanto, se anulan de facto.

La aplicación combinada de estos dos aspectos, incrementa el peso de los criterios sometidos a juicios de valor hasta el 53% del total de la puntuación.