El sindicato ha cargado contra el Consejero de Educación, Enrique Ossorio, porque “Es muy preocupante que un Consejero de Educación entienda que no es necesario contratar a profesionales de la enseñanza para hacerse cargo de la enseñanza”. Así pues, argumentan que: “la educación no les importa y su agenda oculta, pero cada vez más evidente, apunta a la destrucción de la escuela pública tal y como la conocemos, por una precarización sin límites de nuestras condiciones laborales, introduciendo la figura del becario o en todo caso formas de contratación propias de la empresa privada, cuyas consecuencias serían el clientelismo, el enchufismo y el fin de la libertad de cátedra en la escuela pública”. 

CCOO ha criticado a las administraciones educativas de nuestro país por no haber “estado a la altura de lo exigible a la hora de plantear la vuelta a las aulas en septiembre”. Según informa este ente, “El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha ido rebajando las exigencias a medida que las comunidades autónomas presionaban para eliminar las cautelas que garantizaban la seguridad de cara al nuevo curso”. 

Se prevé un inicio similar al de otros años sin “recursos extraordinarios que permitan atender a la situación sanitaria y educativa como consecuencia de la pandemia”, ha continuado CCOO. Desde el sindicato se denuncia en este aspecto a las comunidades autónomas que “están planteando recortes de profesorado y cierre de unidades en la enseñanza pública”, como es el caso de nuestra comunidad, que eliminará los estudios diurnos de ESO y Bachillerato en Coslada y de Agrojardinería y Composiciones Florales en Leganés. 

La presencialidad en los centros supone una “bomba vírica” y una equidad educativa, que reduce la brecha de la desigualdad y evita que aparezcan otras nuevas como la digital. Desde la ANPE, “La Plataforma Estatal de Enfermería Escolar ha reclamado a las autoridades autonómicas competentes que los planes de contingencia frente a la Covid-19 en los centros educativos incluyan la obligatoriedad de contar con una enfermera o enfermero de cara a evitar riesgos para la salud y seguridad de los niños, niñas y jóvenes, así como del resto de la comunidad educativa”.    

Esta plataforma ha insistido en que “no puede ser el personal docente el responsable de coordinar la realización de las actuaciones y mediadas higiénico-sanitarias que resulten necesarias y fundamentales para la salud y seguridad de los niños, niñas y jóvenes, como así recomienda el documento del Ministerio de Educación, realizado junto al Ministerio de Sanidad, y muchas de las instrucciones dictadas sobre el principio del curso escolar en diferentes Comunidades Autónomas”. 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en su informe “Consideraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto de la Covid-19” que la presencia de las enfermeras y enfermeros en los centros educativos es beneficioso para colaborar en la lucha contra la expansión de este grave problema de salud pública. Por ello, la Plataforma Estatal de Enfermería Escolar confía en que se implante esta cuestión en el próximo curso 2020/21 en todos los centros educativos y así, se dificulte una nueva oleada de la Covid-19 en nuestro país. 

Entre las exigencias de la Federación de Enseñanza de CCOO está la “dotación de recursos tecnológicos y conexión a Internet para el alumnado que sufre la brecha digital y para el profesorado, en previsión de un nuevo confinamiento que exija el trabajo en línea, así como unas condiciones laborales dignas para los cuerpos docentes y el resto de las y los trabajadores del sistema educativo”. 

Desde CCOO no se descartan movilizaciones en aquellas autonomías en las que no se garantice una presencialidad segura. A este respecto, desde la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato de Enseñanza de Madrid ha lanzado un comunicado en el que declara ir a la huelga si se acuerda en la asamblea. Este anuncio viene a colación de la iniciativa del grupo surgido en la red de mensajería Telegram, en el que cientos de personas están organizando una huelga indefinida al inicio de este nuevo curso. Este sindicato lleva meses luchando por la seguridad en las aulas y por unos protocolos de seguridad y salud acordes a minimizar los riesgos laborales. 

En esta lucha, CCOO ha exigido una dotación extraordinaria de 7.385 millones de euros para invertir en plantillas, recursos tecnológicos y conexión a la Red, obras de adaptación de los centros educativos a la nueva situación, entre otras. Además, ha subrayado que la dotación de 2.000 millones de euros de inversión educativa extraordinaria “va a permitir que algunas autonomías destinen esos fondos a ámbitos distintos a la educación o a financiar medidas privatizadoras, como el cheque bachillerato, en detrimento de la enseñanza pública, que sigue siendo irresponsablemente recortada”. 

Según un estudio de UGT referente a los ratios de los centros educativos de nuestra capital, el 59% de los centros son concertados mientras que el 41% pertenecen a la red pública. UGT argumenta que “la normativa de concentración madrileña está diseñada para beneficiar la red de centros concertados frente a los públicos” y añade que “bajo nuestro punto de vista existe una incoherencia en bajar las ratios por un problema de espacios y no hacerlo, también, en función del tipo de alumnado que escolaricen, como es el caso de aquellos centros con un alto porcentaje de alumnado de compensación educativa o de necesidades específicas de escolarización”. 

El curso comienza el 4 de septiembre para los alumnos de Educación Infantil, el 8 para el segundo ciclo y la ESO y Bachillerato el 9 de septiembre, pero finalmente ¿cómo será la vuelta al cole si, según el Sindicato, no hay un protocolo que asegure la seguridad de profesores y alumnos en su totalidad?