La Comunidad de Madrid lanza un SOS al Gobierno central. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha solicitado apoyo “militar y logístico urgente” para realizar test de Covid-19 en las 37 áreas con restricciones de movilidad. Aguado ha solicitado también al Gobierno un total de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas.
“Las buenas intenciones no pueden quedarse en una fotografía, mañana lo reclamaremos de forma oficial", avanzó Aguado, que pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que dé "pasos concretos" y desbloquee también la prohibición de contratar 300 médicos extracomunitarios, que "trabajaron en la primera ola y que ahora por las restricciones no podemos contratar”.
Las buenas intenciones no pueden quedarse en una fotografía, mañana lo reclamaremos de forma oficial
Nuevas zonas restringidas
El Gobierno regional ha avanzado que ampliará a más zonas las restricciones de movilidad. El anuncio se hará este viernes, tal y como avanzó ayer el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Estas nuevas zonas básicas de salud se sumarán a las 26 de los distritos de la capital (Usera, Villaverde, Ciudad Lineal, Carabanchel y Villa y Puente de Vallecas) y 11 municipios (Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Getafe, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Parla).
La región registra un total de 181 brotes de Covid-19, de los cuales 36 permanecen activos. La Comunidad de Madrid es la autonomía más golpeada por la pandemia. Un contexto que ha empujado al viceconsejero de Sanidad a abrir la puerta a ampliar las áreas restringidas. “Estamos trabajando en ello y pensando que zonas básicas de salud se van a ampliar y lo comunicaremos el viernes, es cierto”, ha admitido.
El ejecutivo autonómico quiere ahondar en las restricciones de las zonas básicas de salud para evitar el confinamiento total que, en palabras de Díaz Ayuso, supondrían “un desastre económico”.
Para asegurar que los vecinos cumplan con las nuevas disposiciones, la Policía Local y Nacional velarán por la vigilancia en las ciudades afectadas y podrán proponer sanciones que oscilarán entre los 601 y los 600.000 euros, atendiendo a la gravedad de los hechos expuestos por quienes incumplan la norma.