MADRID | Los ayuntamientos podrán invertir sus ahorros contra el Covid-19

El Ministerio de Hacienda deja sin efecto la regla de gasto enmarcada en la ley de estabilidad presupuestaria este 2020

El Ministerio de Hacienda deja sin efecto la regla de gasto enmarcada en la ley de estabilidad presupuestaria este 2020

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Imagen: Pool Moncloa

Hacienda se ha apresurado a buscar nuevas fórmulas que permitan a los ayuntamientos gastar sus ahorros tras el fracaso de la aprobación del decreto ley debatido la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La propuesta del Gobierno se basaba en que las administraciones locales cediesen sus remanentes al Estado y éste fuese el encargado de realizar transferencias para sortear la ley de estabilidad presupuestaria.

 

Finalmente, la cartera que dirige María Jesús Montero se ha decantado por suspender la regla de gasto este año de la ley de estabilidad presupuestaria con el objetivo de que los ayuntamientos que tengan superávit puedan destinar sus ahorros de los años 2018 y 2019 a afrontar las contingencias derivadas del Covid-19.

 



En la hoja de ruta del Gobierno central se encontraba transferir 2.000 millones de euros en este ejercicio, 3.000 millones en 2021 y, el resto, se hará efectivo en 10 años

Primer fracaso de la legislatura

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de encarar la defensa de un decreto ley que tenía escasas posibilidades de prosperar. La titular de Hacienda expuso la necesidad de apoyar la propuesta del ejecutivo, basándose en que los ayuntamientos, según la ley de estabilidad presupuestaria, no pueden disponer de sus remanentes, es decir, sus ahorros, sin incurrir en déficit.

 

Como alternativa, el Gobierno central propuso a las administraciones locales transferir sus ahorros al Estado y éste se encargaría de hacer las trasferencias a los consistorios. En su hoja de ruta se encontraba transferir 2.000 millones de euros en este ejercicio, 3.000 millones en 2021 y, el resto, se hará efectivo en 10 años. Un planteamiento que no convencía a todos los alcaldes, lo que desató la discordia en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

 

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