El todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, hacía balance tras el Consejo de Gobierno celebrado en compañía del vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, y la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola. Desde su punto de vista, el balance ha sido positivo aunque pasó por malos momentos a comienzos del pasado año, cuando se incendió una de las sedes judiciales ubicada en Torrejón de Ardoz, confiesa.
Sin embargo, esta ha sido una legislatura donde ha resaltado de sobremanera la Consejería de Justicia, órgano que centraba sus esfuerzos en la concentración de sedes, inversiones para mejorar algunas de ellas y la consolidación de la Mesa de Trabajo por el Pacto por la Justicia, conformada por operadores jurídicos y sindicatos.
A expensas de una ciudad de la Justicia en Madrid, similar a las existentes en Barcelona o Valencia, debido a cuestiones monetarias, se ha optado por proceder a la agrupación de sedes en tres núcleos específicos dentro de la capital. No obstante, esto no ha ocurrido exclusivamente en Madrid. El Plan regional de Modernización de las Infraestructuras Judiciales ha comprendido también la agrupación en Aranjuez y Alcobendas.
Esta legislatura brillaba la Consejería de Justicia, órgano que centraba sus esfuerzos en la concentración de sedes y la consolidación de una Mesa de Trabajo por el Pacto por la Justicia
Una única Consejería
Según las declaraciones del presidente de la Comunidad, uno de los aciertos clave ha residido en disponer de una Consejería específica de Justicia, acción que ha facilitado la interlocución con todos los agentes implicados y permitido una mayor visibilidad de un servicio público del que dependen íntimamente los derechos de los ciudadanos. Prueba de su compromiso, defendía, es que la partida presupuestaria destinada a Justicia a aumentado un 27% desde el incio de la legislatura, hecho que se traduce en un aumento de más de 120 millones de euros.
En este contexto, Garrido incidió en el Plan de Modernización de las Infraestructuras Judiciales que la Comunidad está acometiendo. Un programa que cuenta con un presupuesto cercano a los 23,6 millones de euros con el fin tanto de actualizar las sedes judiciales como de agrupar aquellas que estaban dispersas.