Las familias reivindican que para sus hijos, “la presencia de la lengua de signos en los centros educativos es una necesidad, no un capricho”. Opinan que el Estado debe regular “las condiciones para garantizar su aprendizaje, conocimiento y uso en condiciones de igualdad” además de los requisitos de la educación bilingüe que incluya la lengua de signos.

Piden que las comunidades autónomas asuman la competencia de la gestión de los profesionales en vez de que lo tengan que hacer los centros educativos. A su vez, piden que se dé estabilidad a la presencia de intérpretes en institutos y universidades que puedan cubrir todas las horas lectivas, tanto teóricas como prácticas, y que se garanticen unas condiciones laborales adecuadas.