Desde que la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno, reconociera ante los medios de comunicación que la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza es un organismo “sobreocupado” ya no es ningún secreto el hacinamiento de los menores en el centro. Las fotos de los jóvenes durmiendo en los pasillos hicieron saltar todas las alarmas.
En total, casi 140 jóvenes conviven en una institución preparada para tan solo 35. Motivos suficientes para que la Comunidad de Madrid haya tomado la decisión de trasladar a 40 de ellos a una residencia habilitada en Somosierra. Sin embargo, su deseo por modificar el uso del suelo de una residencia para personas con discapacidad física, en desuso actualmente en el municipio, y disponer de un espacio para los menores se ha encontrado de lleno con la negativa del alcalde y del conjunto de vecinos que no quieren que su localidad acoja a cuarenta menores inmigrantes.
Negativa por parte del alcalde
Por su parte, el alcalde del municipio de Somosierra, Francisco Sanz, ha manifestado que “no hay instalaciones ni juventud para que puedan integrarse”, y añade que este traslado puede ocasionar “problemas de seguridad” en el municipio, que cuenta con 77 habitantes, según el padrón. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha comprometido públicamente a valorar con técnicos municipales la posibilidad de alojar a los menores en este pueblo. Pero ha alertado de que las reacciones al conocer cada nuevo lugar de traslado puede provocar la “estigmatización” de los menores.
No es la primera vez que un municipio se niega. Antes también lo hizo Tres Cantos. La oposición del alcalde de Tres Cantos y las diferencias entre las dos administraciones sobre el estado de la residencia de destino provocó que, finalmente, no saliera adelante el proyecto
La historia se repite
Y no es la primera vez que un municipio se niega. Antes también lo hizo Tres Cantos. La oposición del alcalde de Tres Cantos y las diferencias entre las dos administraciones sobre el estado de la residencia de destino provocó que, finalmente, no saliera adelante el proyecto. Y mientras tanto, la institución triplica su capacidad, gestiona la llegada de una treintena de chicos y chicas a la semana y no hay ni esterillas para que puedan dormir en el suelo, según han relatado algunos de los educadores, en los medios.
“La no inclusión”
Las Residencias de Primera Acogida son el primer recurso de emergencia y, en muchas ocasiones, los jóvenes pasan el límite, establecido en un máximo de tres meses, y se quedan ahí.
En los próximos días, el equipo de Ángel Garrido tendrá que decidir si tiene lugar el traslado al municipio de Somosierra. A pesar de que, si lo hace, Francisco Sanz ha amenazado con demandar al gobierno regional.
La oposición en la Asamblea de Madrid también se ha manifestado. El PSOE de la región ha anunciado que llevará ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la gestión del centro. Para su portavoz, Ángel Gabilondo, esta institución es “el símbolo de la no inclusión, de la marginación de los niños y de la insensibilidad social y política”.