La FRAVM y las asociaciones vecinales de Orcasur, Guetaria y La Cornisa (Usera) y Los Hogares, La Incolora, San Nicolás y La Morada (Villaverde) han tomado la decisión de denunciarlos tras advertir durante meses que las obras de la planta logística seguían ejecutándose a pesar de que el proyecto carece de plan de movilidad y el Ayuntamiento no ha aprobado aún el PECUAU. 

La demanda está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente que tendrá que aclarar si hay motivos para presentar una querella o abrir un proceso de instrucción judicial a la constructora valenciana Pasaval por continuar los trabajos y a la entidad promotora BNP Paribas Real Estate y contra los responsables municipales que han otorgado las licencias. 

Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se informa que el proyecto ha finalizado ya la Fase 1 sin ni siquiera haber solicitado el PECUAU. Por lo que esto podría “conllevar un delito de prevaricación y/o de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio y el urbanismo”. 

En el documento enviado al ministerio público, según publica la FRAVM, los impulsores iniciaron las obras con una mera declaración responsable y para conseguir la preceptiva licencia de obra “alterando la realidad material y jurídico objeto de la misma”. Además, se informa que la licencia que se demandó fue “para una planta menor a la proyectada” que no cubría los 98.965 metros cuadrados de las dos fases de ejecución del proyecto. 

Desde las asociaciones de vecinos se argumenta que “la apertura de PALM-40 va a producir un incremento no solo de la contaminación, sino igualmente por ruidos, siendo los barrios directamente afectados San Luciano, Ciudad de los Ángeles, Euskalduna, San Nicolás, Arechavaleta, Cruce, Nueva Esperanza, Litos, Villaverde Alto, Orcasur, Meseta y Poblado Dirigido de Orcasitas, San Fermín, El Espinillo y Villaverde Bajo”. 

Además, las asociaciones denuncian ante la Fiscalía que la “utilización de 2.000 vehículos diarios, entre camiones pesados y furgonetas conllevaría una grave incidencia sobre el medioambiente y sobre la salud del vecindario” por la generación de “niveles inaceptables de ruido, polución y tráfico, y, por lo tanto, afecciones en la salud” además de aumentar el riesgo de atropellos. La parcela que se encuentra en el número 104 de la calle Eduardo Barreiros está cerca de la estación de Plaza Elíptica, uno de los puntos de medición de la contaminación que registra los peores datos de la red municipal. 

Como informan desde la FRAVM, el caso está en la Fiscalía, que decidirá si estas personas y entidades pueden “resultar responsables de los delitos de falsedad, delito de administración desleal o fraudulenta, delito de apropiación indebida, delito de estafa, delito de estafa de inversores, delito contra los derechos de los trabajadores, delito de publicidad engañosa y cualquier otro tipo delictivo que pudiera surgir en el seno de la investigación y/u oportuna instrucción”.