Las personas trans han sido las más perseguidas y maltratadas del régimen franquista, que en su miopía fue incapaz de distinguir orientación de identidad. Lo que supuso por el hecho de ser más visibles, que fueran diana de toda la persecución que el régimen del dictador impuso a las disidencias sexuales y de expresión de género. Siempre bajo leyes que estaban dirigidas a los “homosexuales”. Ley de Vagos y Maleantes, Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, Ley de Escándalo Público. Todas ellas estuvieron vigentes en los principios de la democracia y el periodo “tardo franquista”, ya en plena transición, siendo derogadas en el 89 la de escándalo publico o en el 95 la LRPS.
El derecho legal a la identidad, relacionado con derechos constitucionales como, el derecho a la intimidad, honor, propia imagen y al no menos importante, a la dignidad, tardó en materializarse en la Ley, 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 29 años después de la entrada de la democracia. Una Ley que después de más de 11 años en vigor, ha quedado obsoleta, no cumple con las recomendaciones que en distintas resoluciones se han emitido desde la Asamblea del Consejo de Europa, con el nuevo contexto social y porque el 17 de marzo de 2016, el Pleno de la Sala de lo Civil, del Tribunal Supremo, planteó una cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es acorde con la Carta Magna que los menores de edad trans no puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil.
Además, en ámbitos como la educación, el acceso al mercado laboral, la atención sanitaria, el deporte, las personas mayores e inmigrantes, viven en una situación que les sitúa como ciudadanía de segunda. De ahí, que solo una ley administrativa de cambio de nombre y sexo en DNI, no es suficiente. Es necesario un marco legal que proteja jurídicamente el derecho a la identidad y expresión de género y que de forma integral y transversal aporte soluciones a todas las situaciones donde las personas trans son tratadas en desigualdad con respecto a la ciudadanía.
Las respuestas que desde diferentes comunidades autónomas se han dado en el marco de sus competencias, han sido muy diferentes, así tenemos leyes especificas en Navarra, País Vasco y Canarias, que al tener como fundamento y referente la Ley 3/2007, son de carácter patologizantes y contrarias a la consideración de sujetos de derecho de las personas trans. Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón, han legislado sobre dos principios fundamentales e imprescindibles para luchar contra la discriminación y ser una herramienta para la igualdad legal y real de las personas trans, la despatologización de las identidades trans, asumir el hecho trans como una expresión de la diversidad humana y bajo el precepto legal de la libre determinación de la identidad y expresión de género, que reconoce a las personas trans, no como objeto de la medicina, si no como sujeto de derecho.
Los colectivos trans se plantan: “Llevamos 40 años sin ser iguales, hay que hacer posible lo imposible”
Esto ha dibujado un mapa de desigualdad territorial; no se tienen los mismos derechos en Andalucía que en Galicia, Murcia u otras comunidades que carecen de legislaciones específicas o que si las tienen, han quedado obsoletas. Por ello y desde el sujeto político organizado en la Federación Plataforma Trans, después de un amplio periodo de participación y aportaciones, se ha materializado en una propuesta de Ley Trans Estatal, que recoge todas las sensibilidades y diversas realidades de las personas trans. Texto que fue registrado el pasado 23 de febrero en el Congreso de los Diputados, por el Grupo Confederal Unidos Podemos. Que después de 8 meses desde su registro aún carece de fecha para llevar al Pleno del Congreso para votar su trámite parlamentario.
Esta inacción de un proyecto de Ley que viene después de 40 años a garantizar derechos y a proteger de la discriminación a las personas trans, dio lugar a que el 3 de octubre, 17 activistas trans de diferentes comunidades del estado español anunciaran el inicio de una huelga de hambre indefinida hasta obtener una fecha para llevar a tramite el proyecto. Una fecha inconcreta, ambigua, que solo pone en evidencia la falta de prioridad que suponen las personas trans, sus familias, parejas y todo el entorno social, para quien adquirió un compromiso desde el día de su registro.
En febrero del pasado año, Ekai Lersundi, un joven de 16 años de edad que se suicidó, cuando se encontraba a la espera de recibir tratamiento hormonal en la 'unidad de género' del Hospital de Cruces (País Vasco). La localidad vizcaína de Ondarroa ha rendido homenaje este sábado, con la colocación de un monolito con su nombre a Ekai Lersundi.
Ello hará que no nos olvidemos de esta “víctima” social, y esta bien que le recordemos, pero lo que no hemos de olvidar es que el “estado”, sus gobernantes, la sociedad, tienen y han tenido responsabilidad en este y otros hechos similares con los que a diario se enfrentan las personas trans, los menores, adolescentes y sus familias. Que así llevamos 40 años sufriendo un “apartheid” social, laboral, educativo, sanitario, deportivo. Todo ello con el agravante de que existe un proyecto de ley trans estatal “congelado”.
¿Cuántas más víctimas son necesarias para que se dé trámite URGENTEMENTE al proyecto de ley?
Existen “mártires” con nombres y apellidos, pero también “verdugos”, con nombres y apellidos. No olvidaremos, ni perdonaremos.
Por ello, ha llegado el momento de la #FuriaTrans, que es un término político que llama a no “tener huevos”, sino valentía y dignidad, a que si te quieres “mojar contra la transfobia”, no te eches un vaso de agua, álzate y une tu hombro al de las y los activistas trans, no es tiempo de estar sentados en un “banco” del parque con los colores trans, levántate y pinta tu cara con los colores de la #FuriaTrans y de pié exige IGUALDAD ¡¡
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans