Con los cambios que te proponía, y un par de correcciones de género.
Desde Unidas Podemos rechazamos la reciente propuesta enviada por el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión Europea y consideramos necesaria una concreción de la misma en un marco de sostenibilidad ambiental y bajo un enfoque de derechos y justicia social y territorial que proteja los intereses de la mayor parte de la población.
Creemos firmemente en la relevancia del principio comunitario de “quien contamina paga”, y consideramos imprescindible conciliarlo con una implantación proporcionada y justa que no perjudique a aquellos que necesitan su uso para desplazamientos habituales especialmente en áreas que cuentan con graves desequilibrios y problemas de despoblación que obligan a desplazamientos por carretera como único modo de transporte posible. Para ello apostamos por una transición ecológica justa e inclusiva que respete a los colectivos más vulnerables, sin afectar a las rentas más bajas.
Los principios de contaminación y uso de la infraestructura deben guiar la aplicación de estas medidas imponiendo peajes de forma prioritaria a los camiones de gran tonelaje y en especial a las grandes empresas que poseen flotas destinadas al transporte de mercancías por carretera y que generan un mayor desgaste de las autovías y autopistas, tanto por el número de kilómetros que realizan, como por la intensidad del desgaste que provocan los camiones pesados sobre la infraestructura.
En el caso de los automóviles de uso privado, la propuesta de Unidas Podemos pasa por aplicar los peajes únicamente a aquellos vehículos de alta cilindrada y con mayores emisiones de C02. cuyos desplazamientos generan mayores externalidades ambientales, siempre que no se encuentren asociados a motivos laborales, de estudios o de otras actividades esenciales. Esta medida podría operar como un elemento efectivo de fiscalidad verde para reducir las emisiones de C02 que genera nuestro país, donde el sector del transporte por carretera se sitúa como el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, estas medidas deben acompañarse del desarrollo de alternativas sostenibles, como el fomento del consumo cercano o potenciar el transporte público en general y el ferrocarril en particular. En línea con las enmiendas que desde Unidas Podemos hemos introducido en la ley de cambio climático y transición energética que entrará en vigor en las próximas semanas, es necesario promover el uso del ferrocarril de viajeros y especialmente en el ámbito del transporte de mercancías, con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad de nuestra economía.
Para ello, tal y como incluye el texto de la ley. el Gobierno establecerá objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros, elaborando una estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril. Entre otras medidas, será necesario contar con nuevos corredores competitivos de mercancías ferroviarias, como es el caso del Corredor Mediterráneo, de conexiones ferroviarias en los puertos y de medidas compensatorias para aquellos territorios con mayores problemas de conectividad.
Asumir el marco de que el mantenimiento de las carreteras sea sufragado por todos los usuarios y usuarias, es asumir un marco de copagos en los servicios públicos (sin tener además en cuenta los niveles de renta y la capacidad de pago de los usuarios/as). Esto sería políticamente inasumible en los servicios públicos (como la sanidad, o la educación), y mina la progresividad del sistema de recaudación de recursos por parte del Estado. Y lo mismo sucede cuando hablamos de infraestructuras públicas, como las carreteras.