HUMANES DE MADRID | El alcalde de Humanes reafirma su postura contra los semáforos de la A-5

José Antonio Sánchez ha firmado un escrito manifestando su reclamo ante el Defensor del Pueblo

José Antonio Sánchez ha firmado un escrito manifestando su reclamo ante el Defensor del Pueblo

Humanes reafirma su postura contra la implementación de semáforos en la A-5.

Imagen: Ayto. de Humanes de Madrid.

 Como respuesta a la nueva propuesta anticontaminación impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena de implantar semáforos en la Autovía A-5, principal vía de acceso a la capital desde la arteria coronaria conformada por los municipios del suroeste de la región, los alcaldes, portavoces y concejales populares de las principales localidades del suroeste afectadas, han presentado un escrito en contra de este proyecto al Defensor del Pueblo. El regidor de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, ha sido uno de los firmantes, solicitando de forma urgente la actuación del Defensor del Pueblo con el fin de que “paralice” la nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que pretende transformar 11 kilómetros de autovía en una carretera de poblado, con el consiguiente impacto para los más de 150.000 vehículos que transitan por ella cada día. 

 

 



El alcalde de Humanes, José Antonio Sánchez, ha firmado un reclamo ante el Defensor del Pueblo manifestando su postura contra los semáforos de la A-5

 

La puesta en funcionamiento de los semáforos ya establecidos a lo largo del tramo afectado, “supondrá un incremento del 350% de atascos” en la mencionada vía, “causando un grave perjuicio en la movilidad diaria de los vecinos -incluidos los de Humanes de Madrid-, y provocando una clara discriminación económica en los vecinos que no pueden sustituir sus vehículos”, apuntan fuentes municipales. Asimismo, inciden en que “las retenciones de tráfico que esta medida va a ocasionar incrementarán las emisiones de contaminantes a la atmósfera del entorno”.
 
 
Así, el escrito presentado ante el defensor del pueblo atiende a la denuncia pública de “una medida unilateral y arbitraria adoptada por el Consistorio madrileño que afecta a los municipios limítrofes del suroeste, quienes sufrirán las consecuencias del cierre al tráfico de una autovía que utiliza más de un millón de usuarios”.
 
 
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