GETAFE | El ayuntamiento condenado a indemnizar con 25.000 euros a Mónika Rojas

Tras el cierre de la academia de la getafense en 2016 por, supuestamente, incumplir con la ordenanza

Tras el cierre de la academia de la getafense en 2016 por, supuestamente, incumplir con la ordenanza

El ayuntamiento de Getafe condenado a indemnizar a la propietaria de la academia Mónika Rojas.

Imagen: Agencias.

 El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Getafe a pagar una indemnización por valor de alrededor de 25.000 euros a la propietaria de la academia de danza y flamenco Mónika Rojas, ubicada en El Bercial. El conflicto nace cuando, el Ejecutivo local decide cerrar la escuela en pleno curso por, presuntamente, incumplir una ordenanza municipal alegando "ruido". 

 
 
La sentencia anula la resolución por no ser conforme al derecho, y reconoce el derecho de la recurrente a ser indemnizada por el ayuntamiento por los perjuicios derivados del cierre de la academia. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid daba así la razón a Rojas, que recurrió el cierre de su academia perpetrado por el concejal delegado de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Getafe, con fecha 18 de abril de 2016, y condena por ende al Consistorio a indemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados desde entonces.
 
 
 


El Ayuntamiento de Getafe ha sido condenado a indemnizar con 25.000 euros a la propietaria de la academia Mónika Rojas por decretar su cierre en 2016 en pleno curso 

 

Resolución

 
La indemnización, tal y como recoge la sentencia, debe así reparar el daño económico ocasionado por esta controvertida decisión del Ayuntamiento de Getafe, que decidió decretar el cierre del local en pleno curso lectivo dejando en la calle a más de un centenar de alumnos. Por ello, el magistrado estima un total de 2.754 euros por el alquiler del local; 19.239,60 euros por “lucro cesante” al no poder continuar con su actividad durante los seis meses de sanción; y 3.000 euros en concepto de daños morales, además de 4.000 euros más que deberán asumir las arcas municipales por las costas del proceso.
 
 
 
 
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