Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas y desmantelado una red criminal dedicada a constituir uniones de hecho fraudulentas para favorecer la permanencia irregular en territorio nacional de ciudadanos extranjeros. El entramado formalizaba parejas simuladas con ánimo de lucro y cometía otras falsedades operando en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, si bien varios de sus miembros residían en otras regiones del país.
En el transcurso de la operación, los investigadores realizaron cuatro registros en viviendas y establecimientos comerciales interviniendo en los mismos diversa documentación, teléfonos móviles y armas. Por estos hechos, a los detenidos como presuntos autores se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa y usurpación de funciones y estado civil.
La investigación se originó en el mes de febrero de 2020 con la intervención de diversa documentación a un varón que, tras ser analizada, determinó la posible existencia de un entramado que pudiera tener como objetivo el favorecimiento de la inmigración irregular. Por este motivo, se comprobaron múltiples expedientes de ciudadanos extranjeros y beneficiarios del régimen comunitario formalizados en el Registro de la localidad de San Fernando de Henares (Madrid), encontrándose evidencias de un patrón fraudulento.
Tras numerosas comprobaciones y vigilancias, los investigadores determinaron la existencia de una organización criminal estructurada que facilitaba la constitución de parejas a cambio de contraprestaciones económicas comprendidas entre los 8.000 y los 12.000 euros por persona para normalizar su situación administrativa.
Operativo con cuatro registros y de gran complejidad.
Una vez identificados los participantes en la red, se diseñó una macroperación que se materializó con la detención de 38 personas involucradas en el entramado -18 hombres y 20 mujeres- tras practicarse cuatro registros, dos en domicilios de los implicados y dos en establecimientos comerciales. En éstos se intervino diversa documentación, así como teléfonos móviles y armas.
Fruto de estas inspecciones se constató que el entramado delictivo podría haber regularizado a más de 100 personas desde que inició sus operaciones en territorio nacional, pudiendo haber obtenido beneficios cercanos al millón de euros. El operativo destacó por su complejidad ya que sus responsables adoptaban múltiples medidas de seguridad, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones, utilizando numerosos teléfonos móviles y cambiando con frecuencia de domicilio para evitar ser localizados.
La organización criminal facilitaba la constitución de parejas a cambio de contraprestaciones económicas comprendidas entre los 8.000 y los 12.000 euros por persona para normalizar su situación administrativa
Una organización estructurada con reparto de tareas y roles
La organización criminal contaba con un reparto de tareas definido y especializado. En la cúspide de la pirámide organizativa se ubicaban los responsables, con funciones de control de la red, reparto de misiones y coordinación operativa. En un segundo nivel figuraban los captadores, que reclutaban a ciudadanos extranjeros y comunitarios para formalizar las parejas simuladas.
Contaban para ello con la ayuda de empadronadores, quienes se ocupaban de registrar en múltiples domicilios a estas personas a través de falsedades documentales, y de empresarios, que facilitaban las altas en el régimen de la Seguridad Social y suscribían contratos fraudulentos para aportar medios económicos de subsistencia. Por último, en el último escalón de la organización se situaban los testigos, miembros de la red que, a través de testimonios falsos, facilitaban la inscripción de las parejas de hecho.