La Comunidad de Madrid ha aprobado más de un millón de euros para inversiones en hospitales públicos en la prevención y tratamiento del COVID-19. El Consejo de Gobierno ha sido informado de inversiones realizadas por la Consejería de Sanidad en tres de sus centros por un total de 1.439.872,48 euros.
Todas estas compras se han realizado por el procedimiento de emergencia para hacer frente a la pandemia. El Hospital Universitario de Móstoles invirtió entre los meses de abril y agosto del pasado año un total de 755.066,42 euros en la adquisición de distinto material para hacer frente al COVID-19.
Esta operación incluyó una central de monitorización, un equipo de tomografía computerizada, cuatro desfibriladores, aspiradores de secreciones, un pletismógrafo (para medir la capacidad respiratoria), ecógrafos y un esterilizador.
El Zendal contó con parte de esta inversión para su apertura
Por su parte, el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda adquirió, también por el procedimiento de emergencia, distinto material electromédico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados por COVID-19 por un importe total de 580.481,37 euros.
La Consejería de Sanidad ha invertido, además, 77.440 euros en el soporte TIC para la campaña de test de antígenos en centros municipales y residencias de mayores, así como a empresas, universidades y centros de Educación Especial, para la campaña de vacunación en centros de mayores y para la apertura del Hospital público Isabel Zendal.
Por último, el Consejo ha sido informado de la inversión de 26.884,69 euros en este último centro que ha dado soporte al incremento de pacientes paulatino. En el mes de enero entró en funcionamiento el tercer pabellón, con un incremento de camas monitorizadas, tanto de UCI como de cuidados intermedios, que están conectadas a la red de datos. Esta inversión ha permitido seguir prestando una atención de calidad a todos los enfermos del Hospital.
A todos los contratos de las entidades del sector público, para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.