En mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2020 que establecía el Ingreso Mínimo Vital, acercándonos a otros países europeos que gozaban de medidas de esta característica, como Francia, Alemania, Italia, o Bélgica. Es una prestación de la Seguridad Social, con carácter permanente y con una doble finalidad: redistribuir la renta atendiendo a la erradicación de la pobreza extrema y promover la inclusión social y la inserción en el mercado laboral.
El Artículo 22.2 del RDL, establece que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban el oportuno convenio que les habilite para ello, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, (en adelante INSS), en los términos previstos en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
A principios del corriente año, se añadió el artículo 33 bis, que establece la obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el padrón. "En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan".
Esta modificación se llevó a cabo para facilitar el acceso a esta prestación a aquellos que están, por sus características socio económicas, en riesgo de vulnerabilidad social: Personas que habitan en un mismo domicilio, sin ningún tipo de relación o vínculo familiar ni afectivo mediante el alquiler de una habitación, aquellas que se alojan temporalmente en albergues con ayudas de fundaciones del tercer sector o los casos ya más extremos de las personas denominadas “sin techo” que necesitan empadronarse en algún sitio, como los domicilios de las entidades sociales que les atienden, para poder acceder a las ayudas.
Es una prestación de la Seguridad Social, con carácter permanente y con una doble finalidad
Cuando entró en vigor esta prestación desde la D.G. de la Seguridad Social, se estableció contacto con los Ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid para establecer una colaboración entre ambas administraciones que facilitara la gestión de las solicitudes de IMV en relación a la obtención del Certificado de Empadronamiento.
Desde que se puso en marcha esta medida, ya se han ido sumando a colaborar Ayuntamientos como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Galapagar, Tres Cantos, Mejorada del Campo, Aranjuez y Alcalá de Henares, facilitando y agilizando con ello el acceso a sus ciudadanos a esta prestación y a una ágil resolución de su solicitud.
Teniendo en cuenta, que la colaboración de los Ayuntamientos es fundamental en el desarrollo de esta prestación social y dado el tiempo que ha pasado desde su puesta en marcha, sin que se haya llevado a cabo el acuerdo oportuno para desarrollar la prestación a todos los solicitantes, el Partido Socialista de Boadilla, lleva al Pleno de julio esta propuesta, para que el Gobierno del Partido Popular lleve a cabo el Convenio necesario con el INSS para facilitar el Ingreso Mínimo Vital en Boadilla a quienes hayan solicitado esa prestación.
Consideramos de vital importancia, que se ponga a disposición de todos los vecinos y vecinas, la posibilidad de no tener que acudir a las dependencias municipales para solicitar el certificado de empadronamiento histórico colectivo, requisito indispensable de cualquier solicitud para poder acceder a esta prestación, medida que puede llevarse a cabo con todas las garantías en materia de protección de datos.