A nadie le cabe duda de que en la historia de este país el Partido Socialista ha tenido -y tiene- una responsabilidad de gobierno basada en potenciar el Estado de Bienestar. A diferencia de la derecha, en las legislaturas progresistas se han conseguido los mayores avances sociales en este país, porque el compromiso del PSOE es proteger a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que más dificultades tienen y a las familias más desfavorecidas, por lo que resulta imprescindible afrontar el refuerzo del sistema de bienestar social según las necesidades que, en la actualidad, demanda la sociedad.
En este marco resulta fundamental distribuir la renta para tratar de erradicar la pobreza extrema e infantil, para lo que es necesario garantizar que cualquier ciudadano de este país tenga garantizado el derecho a percibir la misma renta independientemente del lugar en el que viva, fomentando de esta manera la inclusión social y la inserción en el mercado laboral.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el Consejo de Ministros vienen comiendo con los compromisos adquiridos en el Consejo de la Unión Europea que, entre otras muchas cosas, pedía la mejora de la cobertura y la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias, algo que desde Moncloa se afrontó con el Ingreso Mínimo Vital, un hecho histórico que contó con la aprobación europea, que alabó este hito en nuestro país.
España era uno de los pocos países europeos que carecía de una medida de este tipo de ámbito estatal, más teniendo en cuenta que este país está cerca del 7% de tasa de pobreza extrema, duplicando la media europea y triplicando a países como Alemania.
El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona titular o los componentes de la unidad de convivencia y la renta garantizada por las comunidades autónomas. El Gobierno de Pedro Sánchez garantiza que este ingreso se prolongue mientras persista la situación de vulnerabilidad de la personas o unidad de convivencia.
Históricamente, la derecha extrema y la extrema derecha se han caracterizado por desarrollar políticas de recortes, no hay más que ver la situación sanitaria y la educativa que tiene como sello el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, un gobierno en el que aflora la precariedad de los servicios públicos sin un leve sonrojo por parte de la presidenta. A diferencia de esta políticas, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos apuesta por el Estado del Bienestar, imprescindible para construir un país justo, equitativo y digno.
Con el IMV, el Gobierno de España ha duplicado el gasto en programas de inclusión social, y la suma de todas las rentas mínimas autonómicas asciende a 1.500 millones de euros. Ahora, con el IMV se suman otros 3.000 millones más, anualmente. De esta manera, se invierte más, se distribuye mejor y de forma más equitativa, nivelando las diferencias de rentas mínimas que existían dependiendo del territorio. Con el IMV se reduce la pobreza y se potencia la inclusión social, líneas básicas para el crecimiento de un país, porque el Ingreso Mínimo Vital no es solo una prestación, es una política de inclusión que trata de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.
Con el Ingreso Mínimo Vital se potencian las estructuras del Estado de Bienestar
El IMV es un recurso justo, ya que complementa el salario de las familias hasta llegar al mínimo que corresponda en función de los ingresos de cada hogar, garantizando entre 5.500 y 12.000 euros al año por hogar, dependiendo de la tipología del mismo.
Que esta medida era necesaria, a pesar de las críticas iniciales de los grupos de la derecha, se sustenta en el consenso y en la aprobación en el Congreso de los Diputados, donde ningún grupo votó en contra. La aprobación en el Parlamento provoca que el proyecto sea proclive a implementar cambios, lo que ha permitido que se hayan llevado a cabo modificaciones, en el año y medio desde su aprobación, dirigidos a agilizar la tramitación y facilitar el acceso a las personas beneficiarias. La aprobación del Proyecto de Ley ha dado la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil y formaciones políticas con representación en las Cámaras, de proponer opciones de mejora y debatir en torno a las cuestiones fundamentales de la Ley.
El conformismo, sin embargo, no es una cualidad del PSOE, por lo que desde el Gobierno central se tiene la ambición de seguir mejorando esta iniciativa, porque mientras haya que convivir con las desigualdades que producen economías desreguladas conforme a principios neoliberales, los y las socialistas no habremos acabado de escribir la historia del Estado del Bienestar español.
Las políticas progresistas han permitido avanzar a este país, con la puesta en marcha de sistemas como la Seguridad Social, que se ha configurado como un elemento vertebrador del Estado del Bienestar, o leyes para desarrollar un sistema de prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez, o el Sistema Nacional de Dependencia en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia.
Con el IMV se potencian las estructuras del Estado del Bienestar, ampliando derechos y mejorando la protección social, combatiendo las políticas retrógradas y de otros tiempos que pretenden implantar desde el Partido Popular acechados por una extrema derecha que es el verdadero lunar negro del que pretende desprenderse este país.